Bolivia, líder regional en violencia de género, enfrenta el 25N con retrocesos y una impunidad creciente

Foto archivo: Opinión

Redacción RedActora |

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), Bolivia se encuentra en una situación cuestionable. A pesar de las campañas globales y la creciente visibilidad del problema, el país encabeza los índices regionales de violencia de género, enfrentando un panorama marcado por el ascenso de los feminicidios, la impunidad estructural y un preocupante retroceso en el presupuesto destinado a combatir este delito. Activistas y observatorios señalan una respuesta estatal insuficiente y deficiente, que falla en proteger a las mujeres y garantizarles justicia.

Los datos oficiales muestran un cuadro alarmante. Según el más reciente boletín del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) del Ministerio de Gobierno, actualizado a septiembre de 2025, la violencia familiar es el delito más cometido en el país, con 23.639 casos, lo que representa el 41,11% del total de denuncias. De estas, el 93,07% tuvo a mujeres como víctimas.

Hasta el 19 de noviembre, la Fiscalía General del Estado reportó la comisión de 69 feminicidios, un número que evidencia la gravedad de la situación y que sitúa a Bolivia en el primer lugar de la región, según reportes de ONU Mujeres.

Para Eulogia Tapia, reconocida activista por los derechos de las mujeres, la situación es “muy preocupante”. “El problema sigue en ascenso, no hay quien lo pare”, afirmó, señalando que las víctimas mortales ya se acercaban a los 70 en lo que va del año. Tapia expresó especial alarma por casos de feminicidio que involucran a niñas de 13 y 14 años.

Esta crisis se desarrolla en un contexto de profundas fallas estructurales dentro del sistema de justicia. Las activistas critican la impuntualidad, la negligencia y la falta de empatía de policías, fiscales y jueces. Tapia denunció que el sistema no actúa con la prontitud necesaria si la víctima no parece “muy grave” o “muriéndose”, un retraso que puede ser fatal.

Además, señaló que existe “tanta violencia, tanta impunidad” y pocos avances, con investigaciones que no se completan, prófugos y casos de corrupción que permiten a los agresores abandonar la cárcel.

Mary Marca, del Observatorio por la Exigibilidad del Derecho de las Mujeres, lamentó que, a pesar de las consignas globales “seguimos contando una menos”. Su organización reportó mujeres asesinadas, la mayoría por sus parejas, en una escalada de violencia que se está dando “dentro de la familia” misma. Esta naturalización encuentra un caldo de cultivo en instituciones que, lejos de ser un refugio, se convierten en una traba más para las víctimas.

Desde la perspectiva de las defensoras, la justicia requiere “cambios estructurales” profundos. Marca afirmó que existen fiscales y jueces con una “calidad de formación tan mínima” que carecen de criterios sobre derechos humanos y desconocen las leyes específicas para poblaciones vulnerables. Exigió personal “capacitado y sensibilizado” que “no sea racista” y promueva la igualdad.

En una estimación contundente, Marca calculó que solo el 20% de los casos de feminicidio tienen acceso real a la justicia. Asimismo, criticó que el sistema judicial no debe “proteger a los miembros de ciertos partidos políticos que están en el poder”, en alusión al caso de la exconcejala Juana Quispe, asesinada en marzo de 2012.

Más allá del sistema judicial, las críticas se extienden a la estructura gubernamental y las políticas de prevención. Marca señaló que la respuesta del Estado ha sido “muy carente de servicios” y que no existe una “respuesta estructural”. Las sobrevivientes y familias de víctimas de feminicidio se encuentran en un “completo estado de emergencia” debido a la falta de medidas de protección efectivas por parte de la Fiscalía.

El aspecto económico se erige como uno de los puntos más críticos y reveladores de la falta de voluntad política. Tapia confirmó la existencia de una “reducción drástica al presupuesto” para la lucha contra la violencia desde el año pasado. Advirtió que, si este recorte –que podría alcanzar el 60%– se concreta, demostraría la existencia de un “estado insensible” ante problemas que tienen que ver con vidas humanas.

El contexto estadístico proporcionado por el OBSCD detalla aún más el perfil de esta trágica realidad. Los concubinos son los principales agresores en los casos de violencia familiar, con 8.076 denuncias, seguidos de familiares directos (4.884) y exparejas (4.576). Si bien el grupo etario más afectado es el de 18 a 29 años, la violencia alcanzó a 1.719 víctimas menores de edad y 802 con más de 70 años. La violencia física, con 17.898 casos, es la más recurrente, seguida de la psicológica.

Geográficamente, Santa Cruz (35,67%), La Paz (26,30%) y Cochabamba (15,97%) concentran la mayoría de las denuncias. Un dato revelador es que, en 14.647 de los hechos, los agresores estaban sobrios, desmitificando que la violencia sea producto exclusivo del consumo de alcohol.