Feminicidios en Bolivia reflejan desigualdades que aún persisten en la sociedad

Hazael García I

Manifestación celebrada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en La Paz, Bolivia. Foto archivo: Los Tiempos 

En Bolivia, 19 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2026, según datos del Ministerio Público. La mayor incidencia se registra en el departamento de La Paz con 9 casos, seguido de Oruro con 3, Cochabamba con 2, Santa Cruz con 2, Beni con 1, Potosí con 1 y Tarija con 1. Estas cifras reflejan la persistencia de una problemática estructural que continúa afectando la vida de las mujeres en el país.

En este contexto, la abogada y activista por los derechos humanos, Dra. Carolina Ortiz, y la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Lic. Tania Sánchez Montaño, reflexionaron sobre los desafíos que aún persisten para garantizar una respuesta efectiva frente a la violencia contra las mujeres en Bolivia. Ambas coincidieron en que, pese a los avances normativos alcanzados en los últimos años, todavía existen factores estructurales que dificultan la prevención y la atención adecuada de estos hechos.

Desde la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez explicó que las desigualdades estructurales continúan limitando la autonomía de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social, económica y política. “La violencia machista, las brechas económicas, la sobrecarga del trabajo de cuidados y las barreras para ejercer plenamente los derechos políticos y sexuales y reproductivos siguen limitando su autonomía”, señaló.

Sánchez también indicó que la violencia contra las mujeres no debe entenderse como un problema individual o privado. Según explicó, estos hechos tienen impactos profundos en las familias y comunidades, reproducen ciclos de violencia en niñas y niños y debilitan el tejido social.

Asimismo, desde el Observatorio de Género se realiza seguimiento a los hechos de violencia mediante el análisis de cifras y evidencia. Sin embargo, Sánchez señaló que los datos por sí solos no explican las causas del problema, ya que la violencia está vinculada a relaciones históricas de desigualdad, patrones culturales que la toleran y debilidades institucionales que muchas veces generan impunidad.

Por su parte, la Dra. Carolina Ortiz recordó que en Bolivia está vigente desde 2013 la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, normativa orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, advirtió que aún existen factores que dificultan su aplicación efectiva, entre ellos las barreras de acceso a la justicia y la persistencia de prácticas institucionales que reproducen la impunidad.

“Hay una impunidad sistémica, la falta de acceso a la justicia y una desvalorización histórica de la vida de las mujeres. Siempre es más fácil echar la culpa a las mujeres: por qué no reaccionaron o por qué no denunciaron antes, cuando en la realidad a una mujer le cuesta acudir a la justicia”, afirmó.

Por su parte, Tania Sánchez señaló que la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y acceso a la justicia. En ese sentido, subrayó que la lucha por los derechos de las mujeres continúa siendo un proceso colectivo que demanda acciones sostenidas desde el Estado, las instituciones y la sociedad.