Coordinadora de la Mujer: crece el crédito, pero las mujeres del sector servicios siguen excluidas

Luis Fernando Cantoral  |

Imagen del Observatorio de Justicia Fiscal desde las Mujeres

Aunque las estadísticas oficiales muestran avances en la inclusión financiera, el acceso real al crédito para las mujeres en Bolivia continúa marcado por profundas desigualdades estructurales. Así lo advirtió Mónica Chuquimia, Responsable de Empoderamiento Económico de la Coordinadora de la Mujer, quien señaló que el sistema financiero ha ampliado su cartera hacia las mujeres, pero lo ha hecho de forma segmentada y excluyente, dejando fuera precisamente a los sectores donde ellas tienen mayor presencia.

De acuerdo con datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) correspondientes a 2024, el acceso de las mujeres al crédito se incrementó en un 30%. Sin embargo, este crecimiento se concentra en la manufactura (38%), la agricultura y ganadería (28%) y la construcción (22%). Para Chuquimia, estas cifras esconden una brecha clave: el sector servicios y el comercio, donde participa cerca del 65% de las mujeres, no cuentan con productos financieros adecuados ni con políticas de crédito productivo específicas.

“En el ámbito comercial, que es donde está la mayoría de las mujeres, prácticamente no existe crédito productivo. Lo que se les ofrece son créditos personales, con tasas más altas y condiciones más duras, porque el sistema considera que el riesgo es mayor”, explicó.

Esta situación obliga a miles de emprendedoras a endeudarse en condiciones desventajosas, reproduciendo ciclos de precariedad en lugar de generar autonomía económica.

Chuquimia identificó barreras estructurales y sesgos persistentes dentro del sistema financiero. Uno de los principales obstáculos es la falta de activos fijos a nombre de las mujeres, lo que limita su capacidad de presentar garantías tradicionales. A ello se suman prácticas discriminatorias no escritas.

“Aunque no es un requisito legal, muchas entidades evalúan mejor a una mujer si tiene pareja, como si la relación funcionara como una garantía informal”, advirtió.

La informalidad y la naturaleza de los emprendimientos femeninos también juegan en contra. En muchos casos se trata de actividades de subsistencia o autoempleo, con ingresos variables y alta exposición al riesgo. Esta lógica encarece el crédito y, lejos de generar bienestar, puede terminar vulnerando derechos, especialmente cuando no existen redes de protección social.

El enfoque de género resulta clave para comprender cómo la situación social impacta en el acceso al financiamiento. Las mujeres embarazadas que emprenden por necesidad se encuentran entre las más vulnerables, al enfrentar simultáneamente exclusión laboral, debilidades en el sistema de salud y, en muchos casos, violencia. A esto se suma la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados, con jornadas que pueden extenderse desde las cinco de la mañana hasta la una de la madrugada, lo que limita seriamente las posibilidades de crecimiento de sus negocios.

En el área rural, la brecha digital profundiza la exclusión. La falta de conectividad, equipos y capacitación impide que las mujeres accedan a educación financiera y a nuevas modalidades de crédito digital, ampliando las desigualdades territoriales y de género.

Frente a este panorama, Chuquimia planteó la necesidad de reorientar el capital hacia sectores con alto impacto social y fuerte presencia femenina, como la agricultura familiar —que sostiene cerca del 65% de la canasta familiar—, los servicios vinculados a la gastronomía y el turismo, y el sector tecnológico, especialmente para jóvenes que desarrollan servicios digitales.

Si bien reconoce los esfuerzos de instituciones como el Banco Económico, Banco Prodem, Banco FIE y las bancas comunales, la especialista es clara: estos programas aún son insuficientes para responder a las necesidades de una economía donde el 85% de la actividad es informal.