El 82% de los nuevos casos de VIH en Bolivia afecta a personas de 15 a 34 años

Ronald Bernal I

Bolivia enfrenta uno de los escenarios más preocupantes de VIH en América Latina. Con un crecimiento anual sostenido que oscila entre el 7% y el 12% en algunos años, el país supera la tendencia regional, estimada entre el 5% y el 7%, según datos del Sistema de Información para Monitoreo y Evaluación del Programa Nacional de ITS/VIH/sida y hepatitis virales (SIMONE). La curva ascendente no solo se mantiene, sino que se concentra de forma alarmante en la población joven.

De acuerdo con registros oficiales, en 2025 se reportaron 4.142 nuevos casos de VIH. El análisis por grupos etarios revela que el 81,9% corresponde a personas de entre 15 y 34 años, una concentración epidemiológica inusualmente alta que da cuenta de una epidemia activa.

“Este incremento ha sido sostenido en los últimos 10 años y se incrementa alrededor de un 10% cada año”, explicó a RedActora Harold Mendoza, facilitador y asistente de investigación del Instituto para el Desarrollo Humano (IPDH).

Para Mendoza, la situación en jóvenes resulta “sorprendente” y se agrava por focos territoriales específicos. “Lo que actualmente más nos preocupa es el tema jóvenes y el trópico de Cochabamba”, señaló.

A nivel geográfico, Santa Cruz encabeza la lista de diagnósticos con 1.350 casos, seguida por La Paz (1.016) y Cochabamba (631). Les siguen Beni (287), Tarija (227), Oruro (224), Potosí (186), Chuquisaca (122) y Pando (99).

Más allá del aumento de nuevos diagnósticos, otro indicador genera alerta: el abandono del tratamiento. “Poco más del 50% está haciendo tratamiento o no ha abandonado su tratamiento luego de iniciarlo”, advirtió Mendoza.

Las razones son estructurales y sociales. La lejanía de los centros de salud obliga a algunos pacientes a “viajar seis horas desde provincias”, a lo que se suma el estigma persistente. “A nadie le botan de su casa por tener diabetes, pero por el VIH sí”, afirmó, subrayando que el virus continúa asociado erróneamente a ideas de promiscuidad, consumo de drogas, pobreza u homosexualidad.

Bolivia cuenta desde 2007 con la Ley 3729 de Prevención del VIH-SIDA, que garantiza tratamiento gratuito, confidencialidad y protección contra la discriminación. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los casos y el alto abandono del tratamiento evidencian una brecha entre el marco legal y la realidad sanitaria. Aunque la norma establece educación sexual integral y acceso universal a preservativos y antirretrovirales, los resultados muestran que las políticas no están logrando responder a las dinámicas y necesidades de la población joven.

En línea con los compromisos globales de ONUSIDA, el país se ha propuesto alcanzar para 2030 las metas 95-95-95: que el 95% de las personas con VIH conozca su diagnóstico, el 95% acceda a tratamiento y el 95% de quienes se tratan logre una carga viral indetectable.

La Ley 3729 sienta las bases para ese objetivo, pero los datos actuales indican que, sin ajustes urgentes en prevención, acceso y lucha contra el estigma, una generación joven seguirá cargando con el mayor peso de la epidemia.