Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en Bolivia: realidad, cifras y retos aún ignorados

Hazael García |

Cada 28 de septiembre, en el Día Internacional por el Acceso al Aborto Seguro, se renueva la exigencia de garantizar que el derecho a interrumpir un embarazo bajo condiciones legales no quede solo en el papel. En Bolivia, pese a avances normativos, la implementación sigue siendo limitada.

La legislación boliviana permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación, incesto y riesgo para la vida o salud de la mujer. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 eliminó la exigencia de autorización judicial previa, facilitando el acceso desde el punto de vista normativo. Sin embargo, la realidad muestra barreras persistentes.

Datos que no se pueden ignorar

Según Ipas Bolivia, entre 2014 y 2023 se reportaron 97.704 atenciones hospitalarias por abortos, pero solo 753 fueron reconocidas como abortos inducidos conforme a la normativa de ILE. La organización advirtió que cada año se producen en el país entre 40.000 y 60.000 abortos, la mayoría inseguros, y que estos constituyen la tercera causa de mortalidad materna.

“La normativa boliviana reconoce el derecho a la ILE, pero en la práctica sigue siendo un privilegio al que acceden muy pocas mujeres. La mayoría enfrenta trabas institucionales, estigma social o falta de servicios”, señaló Malena Morales, directora de Ipas Bolivia.

En el caso del departamento de Tarija, entre enero y agosto de 2025, se registraron 147 interrupciones legales del embarazo, según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes). De ellas, 130 se realizaron en la Clínica CIES, ocho en el Hospital Regional San Juan de Dios, uno en Cossmil, tres en el Hospital de Villa Montes y cinco en Yacuiba. Las causales incluyeron violencia sexual, riesgo para la salud de la madre y malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

Gloria Sanjinez, Técnica del Programa de Salud Sexual y Reproductiva – Salud Materna del Sedes Tarija, explicó que los servicios de ILE “se realizan en todo el sistema de salud público del departamento y en CIES, amparados en la Sentencia Constitucional del 2014 y en la Ley 348 de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres”.

Consultada sobre las políticas y programas que garantizan este derecho, Sanjinez destacó que la Ley 348 y la Sentencia Constitucional “son los principales respaldos normativos vigentes”. Sin embargo, reconoció que los principales desafíos para las mujeres siguen siendo la falta de información y conocimiento sobre el acceso a estos servicios, lo que hace urgente una mayor difusión por medios audiovisuales.

En cuanto a planes para mejorar el acceso, la técnica indicó que, si bien existen programas y normas de aplicación nacional, no se cuenta con información clara sobre nuevas estrategias específicas para fortalecer el servicio en el corto plazo.

También la Defensoría del Pueblo, a partir de una investigación llamada Informe Beatriz, identificó importantes debilidades en los entes de seguridad social, conocidos como cajas de salud. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que el 92% de las 13 entidades de corto plazo carecen de normativa interna para implementar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo que dificulta su aplicación efectiva.

Mientras países como Argentina con la interrupción voluntaria del embarazo, México con la declaración de inconstitucional penalizar el aborto de forma absoluta y Colombia que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas, han avanzado hacia modelos de mayor despenalización y legalización.

Bolivia, a pesar de contar con un marco legal que respalda la Interrupción Legal del Embarazo, su aplicación en la práctica continúa enfrentando múltiples obstáculos; entre ellos destacan la falta de claridad y conocimiento sobre la normativa, el miedo de algunos profesionales a enfrentar repercusiones legales, el uso indebido de la objeción de conciencia como política institucional más que como decisión individual, la escasa capacitación del personal de salud en protocolos de atención, la débil difusión de información sobre derechos reproductivos y el persistente estigma social.

Estas limitaciones muestran que el desafío no solo está en la norma escrita, sino en garantizar que el derecho a la ILE se traduzca en un acceso real, oportuno y seguro para todas las mujeres.