Aunque la Ley 348 ordena rehabilitar a los agresores, el Estado no ha implementado ni un centro

Luis Fernando Cantoral |

Una mujer participa con siete personas en una sesión de terapia de Hombres de Paz. Foto: Bolivia Verifica

La Ley 348, que debía representar un pilar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, contempla en su artículo 31 la creación de centros de rehabilitación para agresores. Sin embargo, más de una década después de su promulgación, Bolivia no cuenta con ninguno en funcionamiento. Así lo denunció Mercedes Cortez, miembro de la Fundación Voces Libres.

“Tenemos una ley que promete reeducar al agresor, pero el Estado no ha implementado ni un solo centro de rehabilitación”, señaló Cortez. A su juicio, esta omisión explica en parte por qué los casos de violencia se repiten y escalan hasta convertirse en feminicidios. Recordó que seis de cada diez víctimas de feminicidio habían denunciado antes a su agresor, sin recibir la protección debida.

“La orfandad por feminicidio existe precisamente por la inacción estatal”, lamentó.

La representante de Voces Libres, en entrevista con Wayna Tambo, describió al sistema judicial y de atención como “desgastado, burocrático y revictimizador”. Denunció que las víctimas deben probar constantemente que sufren violencia, mientras los agresores permanecen impunes.

“El sistema exige pruebas a quienes denuncian, pero no exige cambios a quienes agreden”, afirmó, al tiempo de recordar que los pocos intentos de rehabilitación se reducen a iniciativas “esporádicas y sin recursos” en algunos Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).

Ante este vacío institucional, Voces Libres impulsó una Ley Integral que busca garantizar la protección de los niños huérfanos por feminicidio. Esta norma, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, propone un bono económico equivalente al 20% del salario mínimo nacional para las familias o tutores de estos menores, además de un apoyo nutricional adicional del 20% para los niños menores de cinco años.

Cortez advirtió, además, que cualquier intento de modificar la Ley 348 debe realizarse con el consenso de las organizaciones especializadas. Voces Libres es parte de la Alianza Nacional, que reúne a más de 60 instituciones, y del colectivo Alerta 348, conformado por más de 200 organizaciones.

La activista también hizo hincapié en el rol de la sociedad. “Salir del círculo de violencia no es fácil para una mujer; muchas no denuncian porque no tienen a dónde ir, porque temen por sus hijos o porque su entorno las presiona a quedarse”, explicó.

Criticó que familiares y vecinos muchas veces elijan “no meterse”, dejando solas a las víctimas. Esa indiferencia —dijo— es una forma de complicidad que mantiene viva la violencia.

Voces Libres trabaja actualmente con más de 70 niños huérfanos por feminicidio, 29 de ellos en su hogar de acogida en Vinto, conocido como la “Ciudad de la Bondad”. Allí, los menores reciben atención psicológica, educativa y social. Muchos aún lidian con sentimientos de culpa o venganza.