Experto advierte que prohibir el matrimonio infantil no basta para frenar uniones forzadas de niñas en Bolivia

Luis Fernando Cantoral |

La promulgación de la Ley 1639, que prohíbe los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF) en Bolivia, marca un avance importante en la protección de los derechos de niñas y adolescentes. Sin embargo, advierten que la sola existencia de la norma no será suficiente para erradicar una práctica profundamente arraigada en estructuras de desigualdad de género.

Martín Vidaurre, coordinador de Políticas de Ipas Bolivia, afirmó que la ley establece un “piso jurídico” que rompe con una estructura “machista y patriarcal” que históricamente normalizó las uniones entre hombres adultos y niñas o adolescentes. No obstante, alertó que el principal desafío ahora es enfrentar las uniones que no se registran legalmente, como los concubinatos, donde persisten relaciones de poder desiguales y situaciones de violencia.

Según el especialista, una de las medidas adoptadas para evitar que estas uniones se formalicen es la implementación de “candados registrales” en coordinación con el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci).

Indicó que estos mecanismos generan alertas institucionales para impedir cualquier intento de registrar legalmente uniones donde participen personas menores de 18 años.

Vidaurre también subrayó la necesidad de que distintas instituciones del Estado desarrollen protocolos específicos para detectar posibles casos. En el ámbito de la salud, por ejemplo, los controles prenatales pueden convertirse en una oportunidad clave para identificar si una adolescente embarazada se encuentra en una unión temprana o si es víctima de violencia sexual.

El experto destacó además la importancia de fortalecer la acción a nivel local. Citó como ejemplo el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, donde una normativa municipal otorga mayores atribuciones a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia para intervenir de forma inmediata en tareas de prevención, información y protección.

Más allá de las medidas institucionales, Vidaurre enfatizó que el cambio debe ser también cultural. En ese sentido, consideró urgente impulsar campañas de socialización masiva en las Entidades Territoriales Autónomas para “desnaturalizar” estas uniones, que con frecuencia son vistas como una salida a la pobreza o una solución familiar.

En áreas rurales, añadió, el trabajo debe realizarse “de par a par”, utilizando idiomas originarios y respetando las tradiciones, pero dejando claro que las uniones con menores implican graves riesgos para la salud y deben ser tratadas por la justicia ordinaria.

Finalmente, el especialista remarcó que la prevención pasa por incorporar de forma obligatoria la Educación Sexual Integral (ESI) en la currícula escolar desde primaria.

“Es fundamental enseñar sobre el cuidado del cuerpo, los derechos sexuales y el acceso a métodos anticonceptivos para que el proyecto de vida de las niñas no sea truncado”, señaló.