Redes escolares impulsan la erradicación de matrimonios infantiles en Bolivia

Uno de los pilares del modelo es la creación de redes de prevención. Actualmente, existen 11 a nivel nacional —tres en Santa Cruz— integradas por estudiantes, familias y autoridades educativas.

Luis Fernando Cantoral |

La conformación de redes escolares de prevención se consolida como una estrategia efectiva para enfrentar los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF) en Bolivia. Ximena Aguayo, del área de Acceso Comunitario de Ipas Bolivia, destacó que desde hace casi tres gestiones, la institución trabaja de manera sostenida con unidades educativas en la prevención de la violencia sexual.

El enfoque, explicó Aguayo, combina formación, participación comunitaria y acción inmediata. En primer lugar, dijo, se desarrollan talleres intensivos dirigidos a docentes, directores y personal administrativo, donde se abordan temas como masculinidades saludables, prevención de violencia y protocolos de denuncia.

“Estos espacios no se quedan en la capacitación, los maestros tienen el compromiso de replicar estos contenidos en el aula”, señaló.

Paralelamente, se realizan sesiones informativas con madres y padres de familia, buscando involucrarlos activamente en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los pilares del modelo es la creación de redes de prevención. Actualmente, existen 11 a nivel nacional —tres en Santa Cruz— integradas por estudiantes, familias y autoridades educativas.

Estas redes no solo cumplen una función preventiva, sino también de incidencia política. Según Aguayo, impulsaron acciones como el envío de propuestas a la Asamblea Legislativa para promover la prohibición absoluta del matrimonio infantil mediante la Ley 1639.

El trabajo también se apoya en herramientas prácticas. Ipas ha desarrollado una “ruta de actuación” más accesible que permite a los docentes identificar y reportar casos de manera oportuna. La capacitación incluye la detección de indicadores directos como cambios de conducta, e indirectos como alteraciones emocionales o bajo rendimiento escolar.

“No se necesita una prueba para activar la alerta, basta con identificar el riesgo y acudir a instancias como la Defensoría o la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia)”, enfatizó Aguayo.

Además, se promueve que toda denuncia sea canalizada en un plazo máximo de 24 horas.

Un elemento clave es la premisa de que todo embarazo en niñas y adolescentes constituye un indicio de violencia sexual. Este enfoque, sostuvo Aguayo, ha permitido fortalecer la vigilancia comunitaria y reducir la tolerancia frente a estas situaciones.

La estrategia incorpora también actividades creativas de sensibilización. En primaria, se utiliza material lúdico como el cómic “Sarita”, que enseña reglas de autoprotección. En secundaria, los estudiantes producen contenidos en plataformas digitales para difundir información y generar conciencia entre sus pares.

Incluso eventos institucionales, como festivales o celebraciones escolares, dijo, han integrado mensajes obligatorios contra la violencia, formando parte de la planificación anual.

Los resultados comienzan a evidenciarse. Indicó que, en algunas unidades educativas, madres de familia han reportado la ausencia de casos de violencia sexual en lo que va del año.

“Hoy vemos comunidades educativas más informadas, que identifican riesgos y actúan de inmediato”, apuntó.